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REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES
La crisis evidencia que las pensiones necesitan amparo del espacio público
Juanjo Basterra| Ekonomiko analista - Gara, 19 de octubre de 2008
El diluvio de millones que ha beneficiado al sector financiero a costa del erario pone de manifiesto que es mejor estar amparado por las cuentas públicas. En el tema de las pensiones, sin duda, es garantía de futuro, pero quienes ofrecen financiación sin límite a los banqueros se resisten a apoyar que el sistema público de pensiones se quede donde está, incluso a pesar de que ya se encuentra tocado por tanta reforma que afecta a todos los trabajadores.
La solución que los gobiernos de las economías más desarrolladas han aprobado para mitigar el efecto del «tsunami» que ha provocado la crisis financiera a nivel mundial debe de servir de lección para solventar otros problemas de carácter social que el neoliberalismo está generando. Se demuestra que los diferentes gobiernos se ponen de acuerdo siempre para salvar a quienes manejan multimillonarios beneficios. Se demuestra que si hay voluntad política se pueden solucionar otros trastornos que se contemplan en este próximo futuro.
Si el sector público salva, como lo ha hecho, a los banqueros de la crisis, ¿por qué no se puede garantizar, de igual manera, el futuro de las pensiones dentro del sistema público sin avanzar en el deterioro del mismo? El futuro de las pensiones es una de las inquietudes de gran calibre social que están encima de la mesa, año tras año.
La actual crisis pone de manifiesto que el sistema público de pensiones debe permanecer y reforzarse, porque la vía privada no tiene futuro. Sin embargo, los defensores del neoliberalismo y la privatización de lo público cuando no toca a los grandes banqueros y grandes fortunas, ya han pacto en Madrid reformar, una vez más, el sistema de pensiones. Así lo acordaron José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español y responsable del PSOE, y Mariano Rajoy, máximo responsable del PP.
Lo poco que ha trascendido de lo que se va a modificar en esta reforma apunta a que se pretende ampliar el periodo mínimo de cotización de los quince años actuales. En la última reforma ya se produjo un cambio, por el que se cuentan sólo los días reales cotizados, ya que las pagas extraordinarias se transformaban hasta hace tres años en días de trabajo. El último cambio supuso que había que cotizar más de un año y medio para alcanzar los límites mínimos para recibir pensión. También preocupa la edad legal de la jubilación, establecida en 65 años, aunque la salida real del trabajo se está produciendo a los 63,5 años. Igualmente, se quiere actuar en el cálculo del cómputo global de la cotización, ya que existe la clara intención de que se calcule la pensión sobre la totalidad de la vida laboral y no sobre los últimos años, con lo que la masa salarial de la pensión se reduciría entre un 18% y un 24%, según los cálculos existentes en la actualidad.
Ante estas intenciones, existen datos que son inapelables. Las proyecciones de la Comisión Europea sobre el futuro de las pensiones confirman que el gasto de las mismas alcanzará el 12,8% del PIB de la Europa de los Veinticinco, 2,2 puntos por encima del momento actual. En el Estado español, el coste público de las pensiones en la actualidad no supera el 9% y se espera que en 2050 alcance el 15,7% del PIB. En el Estado francés, llega al 12% y se avanza que rondará el 14,8% dentro de cuatro décadas. Estos porcentajes de dependencia de las pensiones sobre la riqueza inquietan, pero el Gobierno español, por ejemplo, ha puesto a disposición de los bancos en la actual crisis, el 15% del PIB, para éste y el próximo año.
Por lo tanto, cuando se dice que de seguir por ese camino la quiebra de la Seguridad Social estará garantizada, no deja de ser más que una amenaza hacia el papel directo que juega el sector público en el mantenimiento de esas pensiones. Con lo que está ocurriendo en la actualidad nadie se ha rasgado las vestiduras, porque esos bancos, a los que en este momento se les permite utilizar más de 100.000 millones de euros sin problemas, en los últimos cinco años y medio han acumulado un beneficio antes de impuestos de 107.415 millones.
Esta situación ha sacado a la luz precisamente que detrás de esas visiones alarmistas sobre el futuro de las pensiones se encuentran los elevados intereses económicos de las entidades privadas. Según los datos del Banco de España, en 2006 las empresas de seguros y los fondos de pensiones mantuvieron un volumen de 316.722 millones de euros de patrimonio, lo que supone ocho veces más que en 1991. De esta cantidad, el patrimonio de los fondos de pensiones llega a los 82.660 millones, dieciséis veces más que en 1991. Mientras se ha alarmado y deteriorado al sistema público, algunos han hecho caja. Con todo, la crisis actual ha demostrado que el sector privado es más vulnerable que el público, por lo que la conclusión más aceptable sería que el sistema público no se deje morir y se refuerce.
Se estudia una posible amnistia fiscal para los fondos ocultos
En el encuentro que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo con los empresarios hace quince días se barajó la posibilidad de que se aplique una «amnistía fiscal» al dinero opaco que se oculta en los billetes de 500 euros en circulación. Ese debate está abierto y tiene sus detractores, pero sus defensores explican que supondría la vuelta a la normalidad de los 54.207 millones de euros, que el Banco de España calcula que no están dentro del circuito financiero normal. El fraude fiscal en el Estado español alcanza al 22% del PIB. Fondos económicos hay, incluso, para sostener el sistema público de pensiones.
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