AGA-PNV cambia a la casa Bustamante (antigua residencia de la calle Zapatari) de bien de dominio público a bien patrimonial

26 febrero 2010

Con motivo de las obras de reforma del convento de las clarisas AGA-PNV ha propuesto a las monjas (¿o ha sido al revés?) el arrendamiento de dicho inmueble como residencia temporal hasta la finalización de las obras.

Como un bien de dominio público no puede arrendarse a ninguna entidad privada, han decidido tramitar un expediente de cambio de calificación jurídica a “bien patrimonial”, con lo que tienen vía libre para cualquier operación mercantil, ya sea ésta o futuros destinos como la intención mantenida durante largo tiempo por parte de la alcaldía de su arrendamiento a una empresa de servicios para su explotación hotelera.

La casa Bustamante es un importante edificio público que en 1985, fue cedido por el ayuntamiento a la Diputación para la instalación de la primera residencia en Agurain. Eran tiempos de Aguraingo Aukera  (alcaldía de la Izquierda abertzale) en los que a pesar de los escasos recursos económicos que en aquella época teníamos los ayuntamientos, se instalaron importantes servicios públicos en Agurain, como éste, la guardería o la escuela municipal de música. Servicios públicos que en su momento fueron pioneros y que hoy, 25 años después, aunque renovadas algunas infraestructuras, van muy por detrás de la demanda existente y lo que es peor; para AGA-PNV son siempre “muertos” que está bien que haya, pero mejor si fueran de gestión privada.

Ya hace dos años ante la construcción de la nueva residencia y la reversión del edificio al ayuntamiento planteábamos  “que por encima de todo debiera mantenerse su función de servicio social por ello consideramos necesario realizar un estudio de prospección de las necesidades de atención a personas mayores en los próximos años que permitan decidir de forma adecuada el destino del actual edificio de residencia (Casa Bustamante) que en todo caso creemos debiera mantenerse para una utilización social”.

Sin embargo, los primeros pasos de AGA-PNV van en la dirección contraria, a no ser que sigan manteniendo, como en el franquismo, que estamos en un Estado confesional del que forma parte la iglesia católica con tratamiento de institución pública. ¿Será eso? Pues que lo digan claro.

A pesar de no estar entre los supuestos de exención contemplados en la ordenanza municipal

Las obras de reforma del convento de las clarisas suponen un ingreso de 152.113 € a las arcas municipales en concepto de impuesto sobre construcciones y obras. Sin embargo, ante el recurso realizado por las monjas, y a pesar de no estar entre los supuestos de exención contemplados en la ordenanza municipal, el informe del asesor jurídico del ayuntamiento rebaja la cuota a 18.400 € pues según él, el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede impide cobrar a los ayuntamientos por obras en centros religiosos (católicos, por supuesto), excepto en la parte destinada a actividades económicas, que es por la que se aplicaría una pequeña parte del impuesto.