Comienzan las movilizaciones en Atusa, tras negarse la dirección a presentar documentación sobre la situación económica de la empresa

14 noviembre 2009

Cientos de personas han recorrido hoy las calles de Agurain en apoyo a los trabajadores de Atusa y a sus representantes, a pesar de que la dirección de la empresa difundió en el día de ayer un comunicado dismintiendo las acusaciones del comité de empresa.

Según dicho comunicado empresarial la factoría búlgara está sufriendo unas repercusiones más negativas que la vasca y que es mentira que importen de China material para luego venderlo en el mercado internacional. No obstante, y en una reunión con el comité de empresa celebrada esta semana en la Inspección de Trabajo, la gerencia se ha negado a presentar sus balances y cuentas, aduciendo que no tiene obligación de hacerlo. Además, en las reuniones mantenidas en las últimas fechas con los representantes de los trabajadores se ha negado, también, a que estuvieran presentes técnicos de las centrales sindicales a los que pertenecen los miembros de comité de empresa (ELA, CCOO, UGT, LAB).

Por todo ello, el comité de empresa de Atusa asegura que la dirección quiere aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal para cerca de 200 trabajadores hasta diciembre de 2010, «al mismo tiempo que deslocaliza la carga de trabajo a Bulgaria y a China».

La empresa nació en 1973 en Agurain, por lo que el comité ha recordado que «debe a su plantilla en Araba y al apoyo de las instituciones locales el crecimiento que ha experimentado desde entonces».

En un comunicado el comité acusó a la empresa de «haber optado por el beneficio fácil e irresponsable» a través de la destrucción paulatina de empleo y el traslado de producción a otros países.

Atusa tiene una planta propia en Bulgaria y también ha deslocalizado producción a un
subcontratista en China. «Los productos elaborados en estos países donde los costes laborales son muy inferiores son después comercializados bajo su marca», indican los representantes de los trabajadores. Desde principios de año, la plantilla se ha reducido de 370 a 340 efectivos y, además del ERE temporal que persigue ahora, la dirección plantea otros 30 despidos que quiere acometer por causas objetivas, es decir, pagándoles únicamente 20 días por año trabajado.

Sería el tercer expediente que sufre la planta alavesa desde que estalló la crisis. «Cada vez ofrece peores condiciones en los expedientes a pesar de que sus finanzas, tal y como ellos mismos reconocen, están en buen estado», critica el comité.